La subcontratación pública

Los poderes públicos han realizado muchos esfuerzos para tener el poder de resguardar la difícil postura del subcontratista de mano de obra frente al contratista encargado de llevar a cabo la obra principal, utilizando la presión normativa dirigida al contratista.

Un claro desencadenante se ve reflejado en las continuas modificaciones y cambios de la Ley de morosidad. La más actual es la realizada en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor, en la que el plazo de pago del deudor está fijado en 30 días naturales desde que se recibe la mercancía o se ha prestado el servicio, sin opción a que ambas partes bajo acuerdo mutuo puedan ampliar este plazo.

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El principal inconveniente se encuentra en las cláusulas abusivas que fija la Ley de morosidad que ahora dejan de serlo con la nueva regulación, siendo las condiciones de pago que el contratista impone a las empresas subcontratistas de mano de obra especializada con objeto de que él mismo sea beneficiario, para después afirmar que un 70% menos del tipo de interés establecido por la norma sería abusivo. De este modo, si la Administración tiene a obligación de seguir los tipos de interés determinados por la norma a la hora de limitar un tipo de interés para la demora, con la nueva regulación, el tipo de interés al que tendría derecho el subcontratista queda muy por debajo del aquel al que en realidad tendría derecho.subcontratación

El pasado mes de septiembre se llevo a cabo una modificación del Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público por la cual queda en poder de la Administración, la opción de corroborar el cumplimiento de los pagos que los contratistas hacen a los subcontratistas de mano de obra especializada que participen en los contratos públicos, pudiendo proceder a la imposición de penalidades si se verifica su cumplimiento.

En caso de que el contratista pacte con los subcontratistas plazos que sean superiores a 30 días pero no superen los 60, se debe justificar la acción a través de un documento negociable. Todos los gatos de descuento o negociación corren a cuenta del contratista.

Por todo ello, se espera un extenso diálogo entre contratistas, subcontratistas y la Administración, con objeto de establecer las mismas normas para todos de modo que lleguen a un acuerdo común.

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